Hay una pregunta que no se puede esquivar: ¿hubiera retirado el expediente si nadie se enteraba? Esa es la pregunta que, según el sector interno UCR Activa Entre Ríos, define todo el asunto en torno al senador provincial Julio Dal Molín, presidente del bloque oficialista y uno de los principales impulsores de la reforma previsional del Poder Ejecutivo entrerriano.
La denuncia es concreta y grave: mientras Dal Molín defendía públicamente que el sistema previsional estaba en jaque y pedía sacrificios a trabajadores activos y jubilados, inició en paralelo su propio trámite jubilatorio bajo el régimen vigente, el mismo que él sostenía que era insustentable. No era un ciudadano más haciendo un papelerío ante la Caja. Era el legislador que solicitó el tratamiento preferencial de los dictámenes para acelerar la discusión de la reforma en el Senado. Conocía el proyecto, sus tiempos y sus consecuencias mejor que nadie.
El trámite fue retirado, sí. Pero UCR Activa advierte que ese retiro no borra la conducta: solo confirma que el expediente existió y que se volvió políticamente insostenible cuando se hizo público. Las disculpas que ofreció el senador tampoco cierran el debate, porque no responden a la pregunta de fondo sobre la coherencia entre el discurso público y el accionar privado.
El sector también plantea que corresponde investigar si existió uso de información institucional anticipada o privilegiada. Si un legislador accede por su cargo a datos sobre una reforma en curso e inicia un trámite personal en medio de ese proceso, la sospecha no puede descartarse sin una revisión seria. Aun antes de cualquier definición judicial, señalan, la responsabilidad política y moral es evidente: Dal Molín no se apartó del debate pese a tener un interés personal directo en el sistema previsional, no esperó, no preservó la confianza pública.
Para ilustrar el contraste, UCR Activa recurre a la figura de Elpidio González, el histórico dirigente radical que rechazó una pensión vitalicia que la ley le otorgaba por entender la función pública como servicio y no como privilegio. El espejo que proponen es incómodo para el senador.
La carta concluye con una exigencia directa: ante una conducta que, según el sector, hiere la confianza pública, compromete la dignidad del cargo y coloca el interés personal por encima del deber republicano, el único camino honorable es la renuncia inmediata e indeclinable. La pelota queda ahora en la cancha de Dal Molín y en la del propio radicalismo entrerriano, que deberá definir qué hace con esta fractura interna en un momento político que ya de por sí no admite demasiadas distracciones.
