Dos años y pico de encierro por un crimen que la Justicia terminó reconociendo que ella no cometió. Patricia Miriam Larroza había sido acusada de instigar el asesinato de su pareja y permaneció privada de su libertad hasta llegar a juicio. El desenlace fue contundente: la fiscalía retiró los cargos y Larroza salió absuelta. Pero el daño ya estaba hecho.
Años después de recuperar la libertad, la historia tuvo un nuevo capítulo. La Justicia condenó a la Provincia de Buenos Aires a indemnizarla por el tiempo que pasó presa de manera injusta. La cifra que deberá pagarle el Estado provincial asciende a $126,8 millones más intereses, un reconocimiento tardío pero concreto de que el sistema falló.
El caso pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuántas personas están hoy detenidas preventivamente por causas que no van a prosperar? La prisión preventiva es una herramienta legal, pero cuando se aplica de manera equivocada, el costo lo paga una persona con años de vida encerrada. Y después, si tiene suerte, con una indemnización que nunca alcanza para reponer lo perdido.
El fallo que obliga a Buenos Aires a pagar sienta un precedente importante: el Estado no puede privar de libertad a alguien y luego lavarse las manos cuando la acusación se derrumba. La responsabilidad del sistema judicial y del Ministerio Público tiene consecuencias concretas, y este caso lo demuestra con números.
Larroza deberá cobrar la indemnización fijada por la Justicia, que incluye los intereses acumulados desde que se inició el reclamo. Un resarcimiento económico que, para quien perdió más de dos años de su vida entre rejas por una acusación que no se sostuvo, llega tarde pero al menos llega.
