El caso de los hermanos Adorni no para de sumar capítulos. Mientras Manuel Adorni sigue siendo figura del Gobierno nacional, su hermano Francisco enfrenta una investigación judicial que se profundiza semana a semana en Comodoro Py, con un juez que pide información, un fiscal que ya solicitó indagatoria y denunciantes que no afloran el paso.
El juez Daniel Rafecas libró oficios al Banco Provincia de Buenos Aires para obtener el detalle completo de los pagos que Francisco realizó entre 2024 y 2026 para cancelar un crédito hipotecario de 60 millones de pesos. También requirió a la Legislatura bonaerense la última declaración jurada del imputado como legislador provincial, y al Registro de la Propiedad Inmueble los datos de titularidad y valuación de dos propiedades que habrían ingresado a su patrimonio vía sucesión.
El eje de la investigación son 21 millones de pesos que Francisco Adorni incorporó en una rectificación de su declaración jurada, alegando que provenían de una herencia. El problema: esa rectificación llegó justo después de que se abriera la causa judicial, y los montos no coinciden con lo declarado por su propio hermano Manuel.
El fiscal federal Guillermo Marijuán, al pedir la declaración indagatoria, no se quedó en la omisión: imputó a Francisco por ocultar cuentas bancarias y bienes de forma deliberada, y subrayó que su condición de perito contador y su paso por el Consejo de la Magistratura bonaerense lo hacen plenamente consciente de cómo se confeccionan esos documentos. No hay margen para el error involuntario, según la fiscalía.
El cuadro que surge de la acusación es elocuente: Francisco presentó tres declaraciones juradas oficiales entre febrero de 2024 y enero de 2026, todas durante la gestión libertaria, y luego las rectificó al menos dos veces cada una. En la declaración original de febrero de 2024 figuraban un solo inmueble y un vehículo Chery Tiggo compartido con su esposa. Recién en mayo de 2026, con la investigación ya en marcha, declaró haber tenido un millón de pesos en efectivo al inicio de ese mismo período. Después sumó cuentas, tarjetas, valores en dólares y una herencia de 24,5 millones de pesos.
En paralelo, la denunciante Pagano encendió otra polémica al publicar en sus redes capturas de chats que, según ella, muestran que la cúpula de Gendarmería instruyó a no informar los movimientos de la custodia que protege a un particular investigado. “¿Por qué tanto secreto? Porque cuidan gratis a un particular investigado por enriquecimiento ilícito”, escribió Pagano, quien aseguró que continuará exponiendo lo que califica como negociados de la casta. El Gobierno admitió la existencia de esa custodia.
La causa avanza sobre datos concretos: pagos hipotecarios, propiedades, cuentas en pesos y dólares, y rectificaciones que llegaron siempre tarde. Rafecas deberá decidir si hace lugar al pedido de indagatoria una vez que cruce toda la información solicitada. El expediente sigue abierto y los tiempos judiciales, por ahora, corren a un ritmo que el entorno del vocero presidencial preferiría más lento.
