La Justicia de Entre Ríos dispuso la prisión preventiva del exgobernador Sergio Daniel Urribarri, condenado a ocho años de prisión en el marco del denominado “megajuicio”, que unificó varias causas por corrupción.
El mandamiento de captura, firmado por la jueza Marcela Davite, presidenta de la Cámara 1 de Casación Penal, establece:
“El Sr. Jefe de la Policía de Entre Ríos, recibido que sea el presente, dispondrá lo necesario a fin de que se proceda a la INMEDIATA CAPTURA de SERGIO DANIEL URRIBARRI, DNI Nº 12.432.065, argentino, nacido el día 7 de octubre de 1958, domiciliado en calle Néstor Garat 291 de Concordia, Provincia de Entre Ríos, el que una vez hubo, deberá ser alojado en la UNIDAD PENAL N°1, a disposición de este Tribunal” .
Esta resolución surge a partir de la sentencia dictada por la Cámara de Casación Penal de Paraná en la causa 2220/24, que incluye a otros imputados como Pedro Báez, Gustavo Tortul, Hugo Céspedes, Juan Pablo Aguilera, Corina Cargnel, Hugo Marsó y Gerardo. Caruso, acusados de peculado y negociaciones incompatibles con la administración pública.
La decisión del tribunal, integrado por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo, revoca una resolución previa del 5 de septiembre de 2024 que había permitido a Urribarri mantenerse en libertad mientras recurría su condena.
El Ministerio Público Fiscal había solicitado la prisión preventiva, argumentando el riesgo procesal que implicaba que el exmandatario permaneciera en libertad mientras apelaba a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras la confirmación de su condena en tres instancias judiciales, incluido el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
Con esta resolución, se ordenó que Sergio Urribarri sea inmediatamente detenido y trasladado a la Unidad Penal Nº 1, mientras se espera la decisión de la Corte Suprema en relación con su recurso.
Esta medida marca un hito en la búsqueda de justicia en los casos de corrupción en Entre Ríos y refuerza el mensaje de que los delitos contra la administración pública tendrán consecuencias judiciales firmes.
Fuente: El Entre Ríos
